Existen tres vías principales para la inclusión social en nuestro actual modelo social. El empleo, los mecanismos de protección social que desarrollan los Estados de Bienestar Social, y todos aquellos relacionados con las oportunidades y capacidades del entorno social y personal donde uno se desarrolla. Dentro de las personas en situación de sinhogarismo y exclusión residencial, el 16.1% accede a ingresos económicos vía empleo (precario y de exclusión); el 31.3% está percibiendo algún tipo de prestación social de carácter económico; el 8.1% sobrevive con ayudas familiares, de amigos y o la mendicidad; y el 46% carece de ingresos. Específicamente, si analizamos el ingreso vía prestaciones sociales, el 23.4% estaría percibiendo una renta mínima autonómica y un 5.6% el Ingreso Mínimo Vital, ambas consideradas el último mecanismo de protección social vía ingresos del que dispone nuestro sistema. Especialmente importante resulta saber si las personas que no reciben este tipo de rentas, alguna vez, lo han solicitado intentando acceder a este tipo de prestaciones sociales. Un 76% señala no haber solicitado nunca una Renta Mínima de Inserción, y un 62.6% refiere que nunca ha solicitado el Ingreso Mínimo Vital. El efecto non take up es muy elevado y las actuales medidas normativas, de publicidad y de accesibilidad, no consiguen hacerlo decrecer. Creer no cumplir los requisitos, el desconocimiento y no estar interesado/a, son los principales motivos expresados.
‘‘ E: ¿Y has solicitado Renta Mínima, Ingreso Mínimo Vital o…? A: No, porque tengo que estar empadronada un año para poder solicitarlo E: Y no estás empadronada A: No E: En ningún lugar A: En ningún lugar. (Arantxa. HV-1.4)

El esfuerzo realizado en políticas prestacionales por las diferentes administraciones públicas no ha conseguido llegar al conjunto de ciudadanos/as que más lo podía necesitar. Hay personas con necesidad más allá de los ERTE y personas enmarañadas en el laberinto de la burocracia administrativa que son expulsadas del sistema de protección. Los diferentes gobiernos, central y autonómicos, deben avanzar en el desarrollo de políticas de confianza hacia los posibles perceptores/as de ayuda, por ejemplo, respondiendo de forma rápida a las necesidades y permitiendo la justificación de los requisitos a posteriori.